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La Constitución Política, en su artículo 27 indica explícitamente que se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho de obtener pronta respuesta.

Este derecho establecido en la Constitución hace referencia a la facultad de tiene cada una de las personas a dirigirse por escrito a cualquier funcionario o entidad pública, en razón de exponerle a este un asunto de su interés y solicitar respuesta sobre el mismo, y va de la mano con el derecho de obtener pronta respuesta, aunque se debe destacar que el derecho a obtener respuesta, no quiere decir que se obtendrá siempre la respuesta deseada.

El plazo que por ley se considera razonable para tener respuesta de parte de la Administración Pública, es de dos meses; pasado ese plazo, se puede elevar el caso a la Sala Constitucional mediante un recurso de amparo.

Se debe indicar que, al interponer un asunto ante la Sala, esta no tiene plazo por Ley para resolver, aunque es el despacho judicial más rápido en resolver a nivel nacional.