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Es el recurso mediante el cual las personas, costarricenses o extranjeros, pueden elevar su caso a la Sala Constitucional o, incluso puede hacerlo a favor de otra persona; ya sea porque considera que un acto u omisión amenaza uno o varios de sus derechos fundamentales, los cuales pueden ser reconocidos y protegidos no solo por nuestra mayor ley -La Constitución-, si no, por Tratados Internacionales aprobados por nuestro país.

 

Según el artículo 35 de nuestra Constitución, el recurso procede mientras se mantenga la violación del derecho, y dentro de dos meses como máximo siguientes, si la misma hubiese cesado.

 

Los efectos de la sentencia final, según los artículos 62, 63 y 64 de la Constitución, indican que una vez que la resolución se emite a favor del ofendido, se ordenará a la persona, institución, órgano, asociación o ente, que proceda a corregir los actos o anomalías que dieron pie al recurso como tal, dentro del tiempo plazo que la Sala Constitucional estipule; también, pudiera que la Sala Constitucional ordene el pago de costas, daños y perjuicios, aunque en la mayoría de veces, no se ordena este último punto debido a que si al fallarse el recurso a favor del ofendido, los efectos de los actos reclamados han cesado, la resolución indicará al recurrido (contra quien es el recurso), que se abstenga de cometer nuevamente lo reclamado.

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